Hace unos días una Educadora Social fue asesinada por tres
menores en Badajoz, su nombre, Belén, 35 años, sus asesinos 14, 15 y una adolescente de 17 años que les ayudó a escapar, uno de los chicos tenía más de 50 robos a sus
espaldas y el pequeño denuncias de violencia.
En casa somos un
Educador Social y una Trabajadora Social (valoradora) y estos hechos nos preocupan
mucho, uno de los problemas que tiene el colectivo son las condiciones de
trabajo, unos protocolos de seguridad obsoletos y el hecho de que la gestión de los pisos tutelados están fuera de la
administración, por lo que prima el ahorro económico, por esta causa en los
inmuebles donde se llevan a cabo estas medidas no cuentan con seguridad, ni con
cámaras de vigilancia, por lo que se vive una situación de indefensión al trabajar solos.
Siempre que hay
un incidente las voces se levantan alegando que hay que ser más duro con la ley,
el Juez Calatayud Juez de Menores de Granada comenta que la ley de menores no
es mala “lo que hay que hacer es legislar con sentido común y mirar a los
padres. Si existe la patria potestad y hay responsabilidad para los padres
hasta los 18, que así sea”.
La cuestión es que por buena que sea una ley, si la propia administración la incumple no sirve para nada, somos expertos en legislar pero no en vigilar.
Lo que ocurrió en Extremadura se puede extrapolar al resto del país.
La precariedad laboral mata, los salarios de estos trabajadores/as rosan el SMI.
Los Educadores Sociales no son escuchados.
